Consideran viola las garantías de los detenidos.

México, D.F. Un juzgado federal en materia de amparo consideró “incompetente” al juez segundo de lo penal de Toluca que analiza el caso de los detenidos en San Salvador Atenco los pasados 3 y 4 de mayo, al considerar que el auto de formal prisión que el juzgador mexiquense dictó contra los atenquenses “es violatorio de las garantías” de los inculpados, por lo que si el Ministerio Público federal no acude a un recurso de revisión, el titular del juzgado de Toluca tiene dos opciones: dejar en libertad a los presos por esos hechos o decretar un nuevo auto de formal prisión transfiriendo el proceso a Texcoco, que es donde se suscitaron los hechos.

Tras analizar una demanda de amparo promovida por la defensa de los detenidos, el juez federal de la causa, Willy Vega, encontró diversas irregularidades en las que incurrió Jaime Maldonado, juez segundo de lo penal de Toluca, para “acreditar su competencia”; sin embargo, a pesar de las irregularidades (plasmadas en la resolución), Vega sólo proporcionó un “amparo de efecto”, con lo que da oportunidad al Ministerio Público federal de acudir al recurso de revisión, con lo que se continuaría atrasando el proceso contra los detenidos, lo que viola el artículo 17 constitucional pronta y expedita.

En su resolución establece: “este órgano constitucional (el juzgado primero de distrito en materia de amparo) estima que la violación constitutiva del auto reclamado carece de motivación suficiente para emitir el auto de formal prisión impugnado”.

Pedro Suárez y Juan de Dios Hernández, abogados de los quejosos, consideraron que no obstante que Vega acreditó la violación a las garantías de los acusados, con esa decisión “violenta” el artículo 80 de la Ley Federal de Amparo en el que se establece que el efecto de este recurso legal es restituir al quejoso el uso y goce de sus garantías, lo cual sólo se presentaría con la absoluta libertad.

Con esta decisión, Vega establece que el auto de formal prisión en contra de los simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) no se encuentra debidamente acreditado, por lo que no compete a un juzgado de Toluca dar visto al caso.

A pesar de que el amparo otorgado no resultó “liso y llano”, los defensores legales consideraron que si Maldonado se apega a la Constitución y a los principios del derecho tendría que optar por el auto de libertad y no por trasladar el proceso a Texcoco.

En la resolución emitida por Vega, se enumeran cada una de las irregularidades en las que incurrió el juez de Toluca para intentar acreditar su competencia, mismas que fueron rechazadas por el juzgador federal.

Debido a ello, señalaron los abogados de los detenidos, “no puede subsanar” la investigación realizada por el ministerio público, porque de hacerlo sería parcial al Estado.

Tras la resolución federal, el Ministerio Público tiene 10 días hábiles (a partir del pasado 26 de diciembre) para acudir al recurso de revisión; y de no hacerlo, Maldonado contaría con 24 horas para optar por el auto de libertad o de formal prisión.

Lo que sí es un hecho es que ya no podrá ser el juez del caso debido a su incapacidad para acreditar su competencia.

A casi ocho meses (240 días) de los hechos de los pasados 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, 30 personas aún permanecen detenidas debido a su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado.

De éstas 27 están presas en el penal de Santiaguito y otros tres en el de máxima seguidad Altiplano, ambos en Almoloya de Juárez.

Tras ser detenidos, el juez segundo penal de Toluca dictó el primer auto de formal prisión en contra de los inculpados el 10 de mayo de 2006, a lo que la defensa de la mayoría de ellos respondió con una demanda de amparo promovida días después.