El juez segundo de lo penal de Toluca, Jaime Maldonado -quien conoce del caso- decretó un tercer auto de formal prisión en contra de la mazahua.
México, DF.- Pese a que la justicia federal concedió un amparo en contra del auto de formal prisión que pesa sobre Magdalena García Durán, la indígena mazahua detenida a raíz del operativo policiaco en San Salvador Atenco que continúa recluida en el penal de Santiaguito, no podrá obtener su libertad debido a que el juez segundo de lo penal de Toluca, Jaime Maldonado -quien conoce del caso- decretó un tercer auto de formal prisión en contra de la mazahua.
No conforme con desechar el amparo otorgado por el juez primero de distrito, Willy Vega, mismo que fue ratificado la semana pasada por un tribunal colegiado; la decisión del juzgador de la capital mexiquense también desestimó las consideraciones expuestas por Amnistía Internacional (AI), en un documento dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en el sentido de que la detención y procesamiento en contra de García Durán, por los delitos de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, "no están sustentados y constituyen una detención arbitraria".
El amparo otorgado por el juez primero de distrito y ratificado por el tribunal colegiado acreditaba que no existían suficientes elementos para acreditar la detención de la inculpada, pues el auto de formal prisión se sustentaba en agravios inoperantes, además de que en las pruebas contra la indígena existía un cúmulo de irregularidades.
AI le explica a Medina Mora que la garantía constitucional otorgada por Vega acreditaba que el auto de formal prisión carece de motivación y "es violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica, tuteladas por los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución".
Amén de que Maldonado sustentó su decisión en las declaraciones idénticas de los policías aprehensores "factor que no consideró el juzgador para determinar su valor probatorio, lo cual va en contra de los derechos humanos a un juicio justo, al debido proceso y a la presunción de inocencia", señaló el organismo internacional.
Por ello, consideró AI, la actuación de la PGR en el caso específico de García Durán es preocupante porque la indígena debió obtener su libertad desde el 27 de noviembre de 2006, pero "sin aportar nuevas evidencias que justifiquen su prolongada detención", esa dependencia presentó un recurso de revisión en contra del amparo concedido a favor de la detenida el pasado 7 de noviembre.
En el documento, la organización de defensa de los derechos humanos solicitó a Medina Mora haga de su conocimiento cuáles son las nuevas pruebas aportadas por la PGR en contra de García Durán o de lo contrario se retire el recurso de revisión para hacer valer las garantías que se han vulnerado en contra de la inculpada.
"AI considera que la actuación de las autoridades estatales, incluyendo la policía, el Ministerio Público (federal) y el poder judicial ha sido parcial y contraria al marco internacional de derechos humanos.
(Por lo que) ve con preocupación la insistencia en mantener encarcelada a la indígena mazahua, a pesar de la falta de de evidencias en su contra".
El documento agrega que esa actitud se interpreta como un uso discriminatorio del sistema de justicia en razón de la condición indígena de la acusada, "lo cual nos llevaría a considerarla presa de conciencia y a ejercer una acción mundial a favor de su liberación inmediata e incondicional".
Tras meses de argumentar que el caso de los detenidos en Atenco es de su competencia y no de un juzgado de Texcoco -área jurisdiccional en donde se suscitaron los hechos- con el argumento de que los detenidos son de "alta peligrosidad"; en esta ocasión Maldonado se contradijo al declararse incompetente para continuar con el proceso jurídico contra García Durán trasladándolo a Texcoco.
Bárbara Zamora, abogada de García, aseguró que esa acción resulta anticonstitucional y violatoria de la Ley de Amparo pues pese a que la justicia federal señaló que no hay elementos suficientes para sostener el auto de formal prisión, "de dónde saca Maldonado nuevos elementos para dictar un tercer auto".
La defensora legal subrayó que la decisión del juez de Toluca "es una demostración muy clara y burda del interés político de mantener a estas personas, en especial a Magdalena, en la cárcel".
"Ahora no tenemos duda de que Maldonado no actúa apegado a derecho. No tenemos duda de que se trata de una represalia política.
Aquel que le ordenó a Maldonado dejarla en prisión no le importa pisotear la ley para satisfacer su animo de venganza", expresó la litigante.
Señaló que tras esta decisión acudirá a diversas instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con objeto de denunciar que en México "es nulo el derecho de una persona y sus garantías constitucionales son ignoradas y violadas de manera burda y flagrante por todas las autoridades".
En tanto, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se limitó a informar sobre el sentido de la resolución, pero se negó a dar a conocer los argumentos que sustentaron la determinación del juez Maldonado.
"Vamos a esperar a que sea el juez de distrito en materia de amparo, quien determine si esta resolución que tomó el juez segundo es satisfactoria o no. Él nos va a decir si lo que hizo el juez Maldonado esta bien o se necesita modificar en algo el auto", dijo Carlos Mota, vocero del poder judicial mexiquense.
En ese sentido, Zamora indicó que sólo resta esperar a que el juzgado de distrito dé por no cumplida la sentencia y obligue a la liberación inmediata de Magdalena García: " De todas formas, vamos a explorar la posibilidad de fincar responsabilidad al juez Maldonado por su actuar", concluyó.
