México, DF./.- La Fracción del PAN en el Senado presentó su proyecto final en torno a la llamada “Ley AntiDiego”, en la que propone eliminar el fuero a los legisladores que incurran delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, abuso de autoridad y otros delitos propios de los servidores públicos.

El coordinador de los senadores panistas, Santiago Creel Miranda, dio a conocer el nuevo documento al priísta Manlio Fabio Beltrones y al perredista Carlos Navarrete y explicó luego que “de nada habría servido instaurar un régimen de incompatibilidades en que las sanciones debieran esperar a que se quitara el fuero a los legisladores”.

De tal manera, dijo, que si un diputado o senador es denunciado por abusos en el ejercicio de su responsabilidad, no pueda escudarse en el fuero y de inmediato sea llevado a tribunales.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, se congratuló de que la bancada del PAN finalmente aceptara incluir en su iniciativa de Ley de Incompatibilidades “una propuesta original de Pablo Gómez de tocar de una vez el fuero de los legisladores”, para que enfrenten los juicios penales, sin necesidad de acudir a la inmunidad constitucional.

Navarrete consideró que la reforma puede votarse la próxima semana, ya que hay consenso en establecer en la Carta Magna la normatividad precisa para evitar que los legisladores incurran en conflictos de intereses y se beneficien económicamente del cargo.

Se trata de una iniciativa que Creel presentó, a nombre de su grupo parlamentario en noviembre del año pasado y que debieron luego modificar ante las protestas de senadores blanquiazules dueños de empresas y de despachos jurídicos que consideraron se vulneraban sus derechos.

La propuesta original planteaba que senadores y diputados no podrían dedicarse a otra actividad remunerada, lo que fue excluído del proyecto final que se hizo público y en el que sólo se establece la prohibición de desempeñar algún cargo o comisión en dependencias públicas.

Creel aseguró que se preservó el espíritu de la iniciativa, toda vez que se señala claramente que quién incurra en conflicto de intereses para su beneficio, de su familia o dependientes económicos, será sancionado.

El proyecto de reforma a los artículos 61, 62, 111 y a la Ley Orgánica del Congreso, prohíbe a los legisladores “litigar por sí o por interpósita persona en favor de terceros, en contra de los intereses patrimoniales de la federación, de los estados, del Distrito Federal y sus delegaciones o de los municipios”.

Les prohíbe asimismo recibir dinero o cualquier otra “dádiva” a cambio de influir en resoluciones del Congreso o presionar a funcionarios para llevar a cabo o omitir alguna gestión pública.

Lo novedoso es la reforma al artículo 62 constitucional, en el que se establece que los diputados o senadores “que incurran en alguna conducta que la legislación penal federal prevea como delitos de los servidores públicos, no gozarán de la inmunidad procesal”.

Es decir, se les retira el fuero en caso de delitos de los servidores públicos, aunque en el artículo 61 de la Carta Magna se precisa que diputados y senadores “gozarán de inmunidad parlamentaria por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

La propuesta lleva el aval de los 52 senadores del PAN, detalló Creel y se complementa con otra iniciativa, presentada por sus compañeros en San Lázaro, también sobre el fuero.

PRESENTA PRD INICIATIVA DE REFORMAS A LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN El PRD presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Población y la derogación de los artículos que criminalizan, sancionan y penalizan a los migrantes que se introducen a territorio mexicano sin documentos.

Al mismo tiempo el senador priísta Francisco Herrera León propuso que para evitar vejaciones a los migrantes “se les expulse de inmediato y se les sancione con una multa económica de 500 salarios mínimos.

Por el PRD, el senador Tomás Torres precisó que el derecho internacional de los derechos humanos no limita las atribuciones soberanas de los estados a determinar su política migratoria ni a controlar sus fronteras, incluyendo el control de flujo de personas sin embargo dada la situación particular de los migrantes que en México sufren arrestos arbitrarios, deportaciones masivas, es necesario que se suprima de la ley de población todo aquello que criminalice al migrante.