UPN presentará en los ayuntamientos una iniciativa para instar al Gobierno central a que excluya el vino de la futura Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores y que «proteja, apoye y promueva pautas de consumo moderado del vino, reconociendo los efectos saludables de un consumo responsable, tal y como viene reclamando el sector».

Asimismo, los regionalistas informaron en un comunicado de que quieren que los ayuntamientos se adhieran al manifiesto 'Por la Defensa de la Viña y el Vino» impulsado por las organizaciones vinícolas y agrarias. «El cultivo del vino es un elemento relacionado íntimamente con la historia y cultura navarra y española, está integrado en el medio natural y rural, y está reconocido como alimento en la Ley de la Viña y el Vino, ligado a nuestra dieta mediterránea y con innumerables ventajas sanitarias. Todas estas cosas son obviadas por la normativa elaborada por el Gobierno central», señaló hoy el secretario general de UPN, Alberto Catalán.

Además, argumentó que «las consecuencias para las dos denominaciones de origen que alberga Navarra (D.O. Navarra y D.O. Rioja), así como para la economía de Navarra y de muchas familias pueden ser muy graves». «Se calcula que la uva reporta unos ingresos anuales de 58 millones de euros a los más de 8.400 viticultores y que las Bodegas facturan cada año por sus vinos 114 millones de euros. Con esta ley poco valdrá el esfuerzo de muchos agricultores, viticultores, cooperativas y bodegas navarras por modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos y mercados», añadió.

Catalán considera positivó frenar el «desorbitado» consumo de alcohol entre los jóvenes como persigue la ley, pero criticó los medios. «El vino no es el problema y, por tanto, no debe vincularse con el daño que supone el consumo abusivo del alcohol entre los jóvenes. No es de recibo que una ley que se hace para prevenir el alcoholismo acabe siendo una norma contra el vino», aseguró.

Finalmente, lamentó «las formas» utilizadas por la ministra de Sanidad para elaborar la ley. «Se ha hecho de manera precitada, sin consenso y al margen de las organizaciones vinícolas y agrarias», concluyó.

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