Hermosillo, Son.- Un grupo de más de 700 elementos del Ejército Mexicano y de las policías Federal y estatal recuperó este viernes las instalaciones de la mina de Cananea, luego de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga que los trabajadores mantenían desde julio pasado.

La incursión policiaca y militar ocasionó enfrentamientos entre efectivos y mineros en las tres principales puertas de acceso a la planta productora de cobre ubicada en el municipio de Cananea.

Aún no hay información oficial de heridos y detenidos. Sin embargo, la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) reporta un saldo de cinco heridos, cuatro desaparecidos y cinco detenidos.

De acuerdo con el secretario de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, unos 800 mineros permanecían reunidos por la tarde-noche en las oficinas del sindicato, a medio kilómetro de la mina, para decidir las medidas a seguir después de la toma de la planta.

El líder minero denunció que los agentes policíacos y militares utilizaron piedras, toletes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los trabajadores, decenas de los cuales estaban sufrieron heridas leves, pero cinco fueron hospitalizados.

Tolano Lizárraga dijo que era totalmente reprobable la actitud de los gobiernos federal y estatal, al realizar actos de desalojo violento sin presentar los documentos correspondientes, que hubieran evitado los enfrentamientos.

En conferencia de prensa, la dirigencia y diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Sonora acusaron al gobierno federal de encabezar una política represora que debe ser detenida de inmediato.

“Es una situación muy preocupante la de Cananea, nos parece que no es esta la manera de encontrar una solución a este conflicto”, manifestó el legislador federal perredista, Carlos Navarro López.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, aseguró que el papel de los policías estatales era sólo de apoyar a las fuerzas federales.

“Ayer nos notificaron ya la inexistencia de huelga en Cananea, que ya declararon inexistente el movimiento y nos solicitaron tanto a las fuerzas federales como a las fuerzas estatales presencia para permitir la entrada de los trabajadores que así lo deseen a trabajar a partir de este viernes”, sostuvo el mandatario.

En la ciudad de México, Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo de vigilancia y justicia del SNTMMRM dio a conocer que el saldo del desalojo fue de más de 20 heridos, algunos de ellos graves, y cinco desaparecidos, entre éstos últimos un familiar de un minero.

Zúñiga Velásquez señaló que es “falso” que los trabajadores hayan comenzado a laborar, tal como lo señaló la empresa Industrial Minera México.

Los mineros de Cananea iniciaron el paro el 30 de julio de 2007, al igual que los de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, en demanda de mejores condiciones de seguridad para los trabajadores.

En tanto, el secretario de asuntos políticos del Sindicato Minero, Carlos Pavón Campos, fustigó que antes de que fuese notificado el gremio de la resolución laboral, ya había un fuerte despliegue de fuerzas policiales y militares en la mina.

Destacó que el Sindicato Nacional Minero fue notificado a las 11:30 de la mañana de este viernes, mientras que las fuerzas policiales y militares llegaron al lugar “la madrugada de hoy”.

Según el gremio, al sitio arribaron “80 patrullas y más de 800 elementos de tropa federales y locales los que se apostaron en las cercanías de la mina; esto es un amago represivo que constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales de México”.

DECLARAN INEXISTENTE LA HUELGA EN MINERA DE CANANEA Sociedad México, DF., 11 de enero (LA JORNADA) La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), órgano de pendiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) declaró por segunda vez inexistente la huelga en la unidad minera de Cananea en Sonora, bajo la concesión de Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. perteneciente a Grupo Minera México y dio, de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el artículo 932, fracción I, 24 horas a los trabajadores para que regresen a sus labores, de lo contrario la empresa podrá rescindir la relación laboral . Ante esto y el arribo al lugar “fuerzas policíacas y militares tanto federales como locales las cuales se apostaron en las inmediaciones de la empresa Mexicana de Cananea con el evidente fin de romper la huelga legal estallada hace 5 meses por los mineros de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el gremio a través del secretario de asuntos políticos, Carlos Pavón criticó la resolución de la JFCA y calificó el hecho de que se “amedrente” a los trabajadores como una acción “vil”.

También fustigó que, incluso antes de que fuese notificado el gremio ya había un fuerte despliegue de fuerzas policiales y militares en la zona, pues el sindicato recién fue notificado a las 11:30 de la mañana de hoy, mientras que las fuerzas policiales y militares llegaron al lugar “la madrugada de hoy”.

Según el gremio al sitio llegaron “80 patrullas y más de 800 elementos de tropa federales y locales los que se apostaron en las cercanías de la mina; esto es un amago represivo que constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales de México”.

Pavón campos, señaló en entrevista que los trabajadores realizarán una asamblea a fin de determinar qué acciones tomarán, es decir si regresarán a laborar o no y precisó que por lo pronto se “interpondrá un nuevo amparo” en contra de esta resolución.

Cabe destacar que ya tras la resolución anterior el gremio se había amparado y a razón de ello el juez de la causa ordenó a la JFCA pronunciarse nuevamente sobre el movimiento de huelga, lo cual hizo hoy.

Poco después del medio día de este viernes la STPS emitió un comunicado en que cual anunció la determinación de la junta la cual se fundamentó en que no se satisficieron todos los requisitos legales.

”La JFCA dictó esta resolución en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo, que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto la primera resolución emitida por la JFCA sobre este caso y le ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva determinación.

Es decir, el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo para efectos de que la JFCA emitiera una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, y en ningún momento calificó el movimiento de huelga como existente, en tal virtud la autoridad laboral acató cabalmente el mandamiento emitido por el Poder Judicial de la Federación.

“La determinación de la JFCA se emite por considerar que no fueron satisfechos los requisitos de ley, tomando como pruebas, entre otras, actas notariales presentadas tanto por el Sindicato Minero, como por la propia empresa, en las que se acredita que la huelga no estalló en la hora previamente señalada por el sindicato Minero en su emplazamiento y, en consecuencia, esta causal incumple con un requisito formalmente exigible para estos efectos, de conformidad con lo establecido por la LFT”.

También explicó que con la finalidad de “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo , la JFCA solicitó el auxilio de la fuerza pública federal y del estado de Sonora, con el fin de que se otorguen las garantías necesarias a los trabajadores para que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos de trabajo en la mina de Cananea”.

La huelga estalló en demanda de mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, y respecto a esto la STPS dijo que se “mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea” sostuvo que será una vez que “sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo” cuando “se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que la empresa cumpla con las normas aplicables”.

El sindicato acotó que “responsabilizamos de esta provocación a los gobiernos federal y a las autoridades de la STPS, la Policía Federal Preventiva y el gobierno de Sonora, encabezado por Eduardo Bours Castelo, así como a las fuerzas policíacas locales, de la violencia que se derive de estas acciones inconstitucionales, y de las pérdidas de vidas y daños que puedan sufrir los mineros.

Acusamos al gobierno federal y estatal de la brutal ilegalidad en que están incurriendo”.

Carlos Pavón señaló que con estas acciones intimidatorios “no queda duda de para quine trabaja la STPS: para lo empresarios”.

ASIC/LA JORNADA/GYCT PROMUEVE SINDICATO MINERO AMPARO CONTRA DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DE HUELGA Sociedad México, DF.

, 11 de enero (LA JORNADA) A pocas horas de haberse dado a conocer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), declaró por segunda vez inexistente la huelga en la unidad minera de Cananea en Sonora, el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) promovió un amparo en contra de esta determinación.

Lo anterior lo informó en conferencia de prensa uno de los abogados del gremio, Juan Rivero Legarreta, quien confió en que “una vez más ganaremos el amparo”, pues la huelga en la mina perteneciente a Grupo Minera México fue “legalmente estallada”.

Fue a las 11:30 de la mañana cuando la STPS a través de un comunicado dio a conocer la decisión de la JFCA y especificó que de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el artículo 932, fracción I, los trabajadores tienen 24 horas para regresar a sus labores, de lo contrario la empresa podrá rescindir la relación laboral.

Justamente el hecho de que al lugar hayan arribado “fuerzas policíacas y militares tanto federales como locales las cuales se apostaron en las inmediaciones de la empresa Mexicana de Cananea con el evidente fin de romper la huelga”, fue criticado tanto por el litigante como por Juan Luis Zúñiga Velásquez, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia, así como por el secretario de asuntos políticos del gremio, Carlos Pavón, pues citaron que la ley establece un mínimo de 24 horas para atender la resolución, pero dijeron que lo que la STPS y la empresa buscan es “reventar una huelga legalmente estallada mediante la fuerza” Dicho cese de labores comenzó el 29 de julio de 2007, es decir hace poco más de cinco meses por los mineros de la sección 65 del SNTMMSRM, quien demandaron mejorar las condiciones de higiene y seguridad.

Este movimiento ya había sido declarado inexistente por la junta, a lo cual el gremio interpuso un amparo que ganó.

En entrevista Pavón criticó la resolución de la JFCA, órgano dependiente de la STPS, y calificó el hecho de que se “amedrente” a los trabajadores como una acción “vil”.

Según el gremio al sitio llegaron “80 patrullas y más de 800 elementos de tropa federales y locales; esto es un amago represivo que constituye una clara violación a la legalidad y a las garantías constitucionales de México”.

Pavón Campos informó que los trabajadores realizaban (por la tarde) una asamblea a fin de determinar qué acciones tomarán.

La JFCA justificó su actuación apuntando que dictó esta resolución “en estricto cumplimiento a lo dispuesto por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo, que el 21 de diciembre de 2007 dejó sin efecto la primera resolución emitida por la JFCA sobre este caso y le ordenó a la autoridad laboral emitir una nueva determinación.

Es decir, el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo para efectos de que la JFCA emitiera una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, y en ningún momento calificó el movimiento de huelga como existente”.

También la STPS especificó que la JFCA consideró que “no fueron satisfechos los requisitos de ley, tomando como pruebas, entre otras, actas notariales presentadas tanto por el sindicato, como por la propia empresa, en las que se acredita que la huelga no estalló en la hora previamente señalada en el emplazamiento”.

Rivero Legarreta señaló que según la JFCA “el día en que se estalló la huelga no estaban todos los trabajadores; y esa no es una resolución jurídica, sino pueril, eso no es causa ni motivo”.

Por su parte la STPS indicó que fue con la finalidad de “facilitarles a los empleados el derecho al trabajo, la JFCA solicitó el auxilio de la fuerza pública federal y del estado de Sonora, con el fin de que se otorguen las garantías necesarias a los trabajadores para que puedan regresar con absoluta libertad a sus puestos de trabajo”.

Y aseguró que se “mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en la mina de Cananea” y que será una vez que “sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo” cuando “se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que la empresa cumpla con las normas aplicables”.

El gremio recibió el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el cual calificó de “golpe artero e impúdico” lo ocurrido y en nombre de este gremio y del Frente Sindical Mexicano, Francisco Farina, vocero del frente dijo que el titular de la STPS, Javier Lozano es un “empleado del poder económico” y manifestó a los mineros su total respaldo “en lo que se pida y necesiten”.

En tanto Zúñiga Velásquez dio a conocer que derivados de los “ataques” de las fuerzas policiacas ya son “más de 20 los heridos, algunos de ellos graves y cuatro trabajores desaparecidos, así como un familiar de éstos”.

El sindicato responsabilizó de esta “provocación” a los “gobiernos federal y a las autoridades de la STPS, la Policía Federal Preventiva y al gobierno de Sonora, así como a las fuerzas policíacas locales, de la violencia que se derive de estas acciones inconstitucionales” y acotó que con estas acciones intimidatorias “no queda duda de para quien trabaja la STPS: para lo empresarios”.

ASIC/LA JORNADA/TME REPRUEBA PRD EN EL SENADO USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN DESALOJO DE MINA Sociedad México, DF.

, 11 de enero (LA JORNADA) El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado reprobó de manera categórica la utilización de la fuerza pública en contra de los trabajadores que sostenían una huelga desde hace más de cinco meses en la Mina de Cananea.

Consideró que en este conflicto se rompió la legalidad y se vulneró el estado de derecho al desatarse una operación de las fuerzas de seguridad en contra de los mineros y líderes sindicales, antes de que la Junta de Conciliación y Arbitraje declarara inexistente el movimiento de los trabajadores.

La policía federal, la del estado y el municipio actuaron con información filtrada por parte de la Secretaría del Trabajo, en coordinación con la empresa Grupo México y el gobierno del estado de Sonora, agregó.

En su pronunciamiento, el PRD calificó como inadmisible el desalojo violento de los empleados antes de ser notificados sobre la decisión de la junta.

La utilización de la fuerza pública en contra de la población no puede aceptarse y menos cuando se trata de manera injustificada, como en este caso, pues los mineros en resistencia, en ningún momento constituían una amenaza a la sociedad o a grupo alguno.

El PRD exigió la salida inmediata de las fuerzas federales, estatales y municipales de la mina y la liberación de los trabajadores que hayan sido privados e su libertad.

Adelantó que promoverá un punto de acuerdo para que el secretario del trabajo, Javier Lozano, comparezca ante las comisiones del Senado.