“La Ley Federal de Delincuencia organizada es un engendro diabólico. Por ejemplo el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”, dice Sergio García Ramírez.México, DF.- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, aseveró que la reforma constitucional en materia de justicia “contiene elementos verdaderamente preocupantes y deplorables”, atenta contra derechos y significa un retroceso, además de que “le otorga mayor benignidad al poder y mayores restricciones al individuo”.
Al participar en el Foro: debate, discusión de la Reforma Judicial, convocado por la Fundación Heberto Castillo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, García Ramírez, ex procurador General de la República, investigador, juez y también titular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que es peligroso “haber colocado en la Constitución una definición de delincuencia organizada”.
Por qué, se preguntó García Ramírez y el mismo se dio respuesta: “se dice que es delincuencia organizada si tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguna o algunos de los delitos que en la misma se mencionan, serán sancionados por ese sólo hecho como miembros de la delincuencia organizada”.
Como pueden darse cuenta, precisó el investigador, “ahí caben muchas cosas. No podemos ser ingenuos, existe esto, y es gravísimo.
Y suponiendo buena fé, que con ese concepto no van a captar conductas legítimas no deja de ser un terreno peligroso.
Hace 10 años se empezó a caer en la tentación de jueces sin rostro que algunos vimos eso con alarma.
Estamos entrando al terreno de los derechos con garantías recortadas o sin garantías”.
El experto en materia judicial, destacó que “la Ley Federal de Delincuencia organizada es un engendro diabólico.
Es como el bebé de Ross Mary, se acuerdan, de esa película de Raman Polensky. Muchas de esas figuras que deploramos provienen de ahí, por ejemplo el arraigo jurídicamente es una mounstruosidad”.
Antes, detalló el jurista, el arraigo se utilizaba sólo para aquellas personas que podrían evadirse de la justicia y estaban en sus domicilios, no podían salir del país o de un estado a otro, pero ahora no se trata de un verdadero arraigo, es una detención anticipada, se viola el plazo legal de las 72 horas, se le da la vuelta, se le lleva al sujeto a una casa de seguridad, a un hotel, o a un establecimiento formal al que sólo falta ponerle el letrero de cárcel preventiva”.
Con la reforma aprobada ya por el Senado, “vamos a tener dos sistemas de justicia, hemos bifurcado el sistema de justicia ordinario, y vamos ahora hacia uno que da mayor benignidad al poder y con mayores restricciones al individuo”.
La reforma de justicia “es ambigua, sería ligero decir que es mala o pésima, tienen aspectos excelentes, pero hay otros que son deplorables.
Esta reforma todavía no está consolidada, porque como el Senado le hizo algunas modificaciones al dictamen de la Cámara de Diputados, quedó pendiente su aprobación en esa Cámara, pero sinceramente no creo que vayan a hacerle cambios”.
El jurista advirtió que hay una desesperación social que clama por mayor eficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia, y “el Estado traduce esta demanda en mano dura”.
García Ramírez explicó que un sistema penal tiene que tomar los criterios que quiere y que desea, si es un gobierno democrático, o si es autoritario, tiene que resolver a qué le va a llamar delito, quienes van a ser los delincuentes, qué vamos a hacer con ellos, y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas”.
