México, 28 Oct (Notimex).- Dirigentes de agrupaciones civiles exigieron que se investigue a los ex titulares de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que estuvieron de 2004 a la fecha, ante la denuncia de corrupción.

En entrevistas por separado, la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, y el presidente del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Luis de la Barreda, señalaron que nada debe quedar impune cuando se corrompe a las instituciones.

Además, demandaron que deben ser investigados los ex titulares de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos y Noé Ramírez Mandujano.

Luis de la Barreda opinó que no sería difícil encontrar responsabilidad en caso de que existiera de los funcionarios porque "se pueden esconder los delitos, pero no se puede esconder la mano que toma el dinero, la mano que gasta y el poder económico que dejan los actos de corrupción".

A su vez, María Elena Morera señaló la necesidad de que el gobierno ofrezca resultados de sus acciones porque no es suficiente cada uno de los compromisos que asumió con fecha de cumplimiento, sino que hoy deben verse los resultados de esos compromisos y acciones.

En ese sentido los dos coincidieron que es necesario que las autoridades mexicanas diseñen políticas públicas de seguridad eficientes y claras en las que se puedan medir los resultados y sobre todo que den tranquilidad a los ciudadanos.

Luis de la Barreda sostuvo que desde hace varios años se dejó al olvido de manera irresponsable los espacios públicos que fueron tomados por el crimen organizado y hoy se pretenden recuperar.

El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dijo que tendrá que generarse esa estrategia de seguridad con estricto apego a los derechos humanos, aunque se sabe que esta lucha por la criminalidad tendrá altos costos.

Consideró que la solución al estado de violencia y criminalidad del país no llegará pronto y que seguirá teniendo costos porque no es fácil esta lucha.

Reconoció que el cambio de estrategia de la lucha implantada como una estrategia frontal por el Ejecutivo federal es acertada y de cualquier forma tendrían que pagarse los costos antes citados.