Asamblea Nacional de Ecuador
Quito, (Notimex).- La nueva Constitución de Ecuador consagra un modelo presidencialista que resta poderes a la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), pues confiere al Ejecutivo la facultad de legislar y vetar leyes, aseguró el politólogo Julio Echeverría.
En entrevista con Notimex, el académico y experto en Teoría del Estado señaló que la Constitución vigente en el país desde octubre pasado confiere al presidente "facultades legislativas sin que esta atribución le sea delegada por parte del Poder Legislativo".
El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, quien promovió la nueva Carta Magna, amplió sus facultades en el nuevo texto y ahora puede legislar a través de decretos ejecutivos sin necesidad de que éstos sean sancionados por la Asamblea Nacional, indicó el experto.
"La Constitución misma aparece como un programa político ya predefinido y la legislatura está para instrumentar su mandato en leyes orgánicas y secundarias", sostuvo Echeverría.
La Asamblea Nacional fue elegida en abril pasado y reemplazó al antiguo Congreso bicameral ecuatoriano como parte de un proceso de reformas políticas que busca dotar de una nueva institucionalidad a este país a fin de superar años de volatilidad e inestabilidad.
El nuevo Congreso unicameral está integrado por 124 diputados que durarán cuatro años en sus funciones y quienes representan a cada una de las 23 provincias del país, de acuerdo con su población.
Echeverría, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), puso en duda que la nueva Constitución ecuatoriana garantice equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que Correa tiene poderes extraordinarios de veto de las leyes.
A juicio del experto, este recurso apunta a neutralizar cualquier alteración de la política del Ejecutivo, quien además tiene la potestad de disolver la Asamblea Nacional y, mientras se convoque a nuevas elecciones, incrementa su capacidad de legislar por decreto.
La nueva Carta Magna faculta al presidente a disolver la Legislatura si ésta se arroga funciones que no le competen u obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo, o en caso de "grave crisis política y conmoción interna".
Echeverría dijo que la nueva Constitución "responde a los intentos de conjurar el fantasma de la tradicional ingobernabilidad" en Ecuador, donde cuatro de los mandatarios elegidos en comicios populares que antecedieron a Correa fueron destituidos de sus cargos.
La Carta Magna vigente desde octubre y redactada el año pasado por una Asamblea Constituyente dominada por el partido de Correa, "fortalece el presidencialismo y a la Asamblea se le recorta su corresponsabilidad en la construcción de la política pública", agregó.
Anotó que el espíritu del nuevo texto "es congruente con su carácter socialista porque la división y balance de poderes, propios del Estado de derecho, son sustituidos por una institucionalidad que busca garantizar la realización de derechos sociales y económicos".
Según el catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la nueva Constitución "refuerza de sobremanera las funciones del presidencialismo".
Citó por ejemplo que se eliminan las funciones autónomas del Banco Central para formular las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, las cuales son ahora de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.
Además, "la planificación del desarrollo, pieza central en la definición de la política pública e importante avance respecto de la carta de 1998, aparece, sin embargo, como prerrogativa y responsabilidad exclusiva del Ejecutivo", añadió el académico.
Los actuales 124 miembros de la unicamenral legislatura ecuatoriana fueron elegidos en los comicios del pasado 26 de abril, en los que también se eligieron presidente (a Correa en este caso, para un nuevo mandato), vicepresidente de la República y gobiernos locales.
El oficialista Acuerdo País (AP) tiene la primera mayoría con 59 asientos, seguido del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 18 escaños, y de la coalición del Partido Socialcristiano (PSP) con el movimiento Madera de Guerrero, con 11.
El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian) tiene siete diputados, mientras que el izquierdista Movimiento Popular Democrático (MPD) cinco, igual que el movimiento indígena Pachakutik y el Partido Socialista-Frente Amplio de Izquierda.
