La ONU ya fijó su postura.
MÉXICO, DF.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “profunda preocupación” ante las reformas constitucionales aprobadas en 17 estados que protegen la vida desde la concepción y criminalizan el aborto, porque significan un retroceso que limita los derechos humanos y pone en riesgo la salud de las mujeres, sobre todo de las más pobres.
Llamó a los legisladores locales y a los gobernadores a que “no manden a las mujeres a la cárcel” y apoyen el derecho que tiene este sector para decidir libremente sobre su salud sexual y reproductiva.
Magdy Martínez, coordinador del sistema de las Naciones Unidas en México, dijo que si se hiciera una reforma similar a nivel nacional “sería un retroceso impensable y es una aventura a la que esperamos que los legisladores no se asomen”.
En conferencia de prensa, manifestó que dichas reformas estatales son violatorias de los derechos humanos de las mujeres y son contrarias a los compromisos que ha asumido México a nivel internacional.
Dijo que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) ha recomendado al Estado mexicano que elimine los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a los servicios de anticoncepción, debido a las altas tasas de mortalidad materna que prevalecen en algunos estados, principalmente en comunidades indígenas.
Martínez dijo que las reformas constitucionales que criminalizan el aborto representan un riesgo para la salud de las mujeres, pues las obligan a recurrir a servicios inseguros y a métodos arriesgados para la interrupción del embarazo.
María Sánchez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), informó que ante la ola de reformas constitucionales en los estados que protegen la vida desde la concepción, 860 mujeres de Colima, Morelos, Sonora, Quintana Roo, Guanajuato, Durango y
Puebla solicitaron de manera formal la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que haga recomendaciones al Estado mexicano y los congresos locales den marcha atrás a la penalización.
Claudia Robles, representante de las mujeres de Sonora que recurrieron a la CIDH, dijo que las reformas afectan a las mujeres pobres, pues quien tiene recursos acude a centros de salud en Arizona, Estados Unidos, para practicarse un aborto.
