Expertos debatieron sobre la situación de acceso a la información pública en la región, sus retos y perspectivas tras la aprobación de varias leyes en América Latina.

Caracas, (Notimex).- La representante del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, María Laura Castelazo, promovió en Venezuela los beneficios que para la democracia trae la libertad de acceso a la información.

“La Constitución mexicana dicta en su artículo sexto el derecho a la información y en el 16 el de la protección de datos personales”, dijo la funcionaria, quien asistió la víspera al Foro XXI del Derecho a la Información Pública, que se realizó en Caracas.

En el encuentro, los expertos debatieron sobre la situación de acceso a la información pública en la región, sus retos y perspectivas tras la aprobación en los últimos años de varias leyes sobre el particular en América Latina.

Castelazo recordó que la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dio nacimiento al IFAI, fue producto de una solicitud de varios sectores de la vida política en su país.

“Hubo toda una coyuntura derivada de una formación de legisladores, ciudadanos y varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que apuntaba a la creación de esta ley, que fue apoyada por el Ejecutivo”, destacó la funcionaria.

Sostuvo que entre los beneficios de esta legislación, “la ley permite a los ciudadanos tener acceso a su expediente médico, por lo cual se vio beneficiada una parte de la población que tenía problemas de salud”.

Castelazo advirtió que este tipo de datos, pese a que pueden ser publicados, tienen un acceso “restringido” que se limita al solicitante del expediente médico.

La subdirectora de Clasificación y Protección del IFAI señaló que pese a que “esta ley no fue diseñada para combatir la corrupción, ha ayudado en esta materia, ya que ha hecho más transparente el manejo de las cuentas públicas”.

De igual manera, Castelazo indicó que esta ley abarca más allá del espacio público, toda vez que se establece que las empresas privadas deben permitir que la ciudadanía revise si cumplen con las normativas medio ambientales.

“Según la Corte Constitucional, es de interés público saber las condiciones medioambientales en que operan las empresas, por lo que la ciudadanía puede revisar este tipo de certificación”, señaló.

Respecto a si la publicación de datos personales de un funcionario podía poner en peligro su seguridad, la representante del IFAI fue enfática al explicar que “no hay vínculo entre esta ley o algún caso de secuestro o delito”.

Consideró, por ello, que en ningún país “deberían existir argumentos de este tipo para impedir el acceso a la información.

En todo caso, cualquier medida que se tome en esta materia debe ser excepcional y puntual”.