Lidia Cacho al salir de prisión.

México, D.F.Amnistía Internacional Sección México calificó la detención por cerca de 48 horas la periodista Lidia Cacho como un caso de acoso judicial y de amenaza a su derecho a la libertad de expresión.

El organismo, que con anterioridad había alertado sobre los riesgos que corría la escritora por las diversas amenazas y presiones que había sufrido por denunciar casos de pedofilia en el estado de Quintana, lamentó que en México el cargo de difamación sea utilizado como instrumento para intimidar el ejercicio libre del periodismo.

Mientras, decenas agrupaciones civiles, ONG, universidades, de juristas y organizaciones políticas, culturales y sociales del Estado Español enviaron una carta a la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Villeda Martínez, para exigirle que en el proceso que se le sigue –y en el cual deberá presentar las pruebas de su defensa este jueves 22 de diciembre en el quinto juzgado de lo penal en la capital poblana—se respeten todas las garantías procesales del caso.

La misiva, firmada por más de 12 mil personas, entre dirigentes políticos, artistas e intelectuales, defensores de derechos humanos y abogados, se pronuncia a favor del derecho a la libertad de expresión de Lidia Cacho y da cuenta de su destacada labor como defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en su estado.

Lidia Cacho fue detenida el pasado 16 de diciembre en Cancún, trasladada de manera atropellada a Puebla y retenida en prisión durante 48 horas por una denuncia por difamación presentada por el empresario Camel Nacif Borge.

Partidos políticos como Batasuna del País Vasco, Ezquerra Republicana de Cataluña, Unión de Izquierda, algunas secciones regionales del Partido Socialista Obrero Español, los Verdes e incluso el Partido Popular de Aldea del Fresno suscriben el pronunciamiento, lo mismo que escritores y artistas como Cristina del Valle, Clara Montes, Teresa del Olmo, Alberto Comesaña, Barry Ivan White, Esmeralda Grao, Marina Rosell e Ignacio Burruchaga.

También Catedráticos de la Universidad Autónoma de Barcelona, Médicos del Mundo, el Comité Oscar Romero de Vigo, grupos de migrantes de Perú o El Salvador en España, Juventudes Republicanas, Comunidades Cristianas Populares, las universidades de Alicante, Sevilla, la Rey Juan Carlos de Madrid, los comités de solidaridad con Africa Negra y con el pueblo saharauí, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación Prensa Libre.

Todos ellos suscriben una declaración a favor de la “calidad moral y credibilidad social de Lydia Cacho, demostrada por todas y cada una de sus acciones en defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños, y su lucha constante contra la violencia ejercida contra las mujeres y abuso sexual de menores”, además de que reconocen el rigor que aplica en sus investigaciones y reportajes periodísticos, así como a su trabajo diario al frente del CIAM.

Amnistía Internacional ya había realizado acciones urgentes previas a la detención de la escritora de “Los demonios del Edén” a raíz de que, durante el periodo entre el 25 de abril y el 1 de julio de este año, Cacho Ribeiro recibiera al menos 42 llamadas telefónicas en las oficinas del CIAM en Cancún, estado de Quintana Roo.

Al parecer, todas las llamadas fueron realizadas por un ex agente de la Policía Judicial del Estado, cuya esposa e hijos pidieron protección en un refugio del CIAM.

En una de esas llamadas, la voz de un hombre, al parecer el agente involucrado, dijo: “Esto es para Lydia Cacho, que sepa que pronto estaré en Cancún, cuando menos se lo espere [...] La PGR no puede hacerme nada [...] quienes se meten conmigo sufren hasta la muerte”.

Organizaciones de prestigio internacional han volcado su atención en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien el viernes pasado fue detenida por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) de Puebla, acusada de difamar al empresario Camel Nacif Borge, a quien se le liga con una red de pederastas.

Durante la aprehensión, la defensora de los derechos humanos responsabilizó a los agentes poblanos de haberla torturado psicológicamente, señalamiento que provocó la indignación de numerosas organizaciones.