Casi un centenar de funcionarios encargados de procuración de justicia viajarán a Estados Unidos para ser entrenados y capacitados dentro del programa.
MÉXICO, D.F.- Procuradurías y fiscalías generales de todo el país invertirán 3.2 millones de dólares en la implementación de la plataforma tecnológica E-trace, una base de datos con información de armas aseguradas al crimen organizado, con la cual, las autoridades podrán rastrear el punto de venta y distribución ilegal de armamento y con ello desarticular las bandas involucradas.
Casi un centenar de funcionarios encargados de procuración de justicia, en promedio dos o tres personas por dependencia —después de haber acreditado estrictos controles de confianza— viajarán a Estados Unidos para ser entrenados y capacitados dentro del programa.
Los primeros funcionarios que pasarán un mes bajo la supervisión de autoridades estadounidenses serán de las procuradurías de la zona centro del país, del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y DF.
El presidente de la Conferencia de Procuradores de Justicia de la Zona Centro, Miguel Ángel Mancera, explicó que el compromiso es que Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la Procuraduría General de la República (PGR), revisará las propuestas con un perfil de expertos en informática, en bases de datos y sobre todo, que hayan acreditado los controles de confianza.
Dijo que de entrada cada procuraduría y fiscalía del país invertirá, aproximadamente, cien mil dólares para adecuar sus instalaciones, adquirir el equipo y el software para la implementación, con lo que se espera que estas dependencias potencialicen las consultan sobre armamento decomisado.
Desde 2005, los gobiernos de Estados Unidos y México pusieron en marcha el proyecto Gunrunner para impedir el tráfico de armas que abastece al crimen organizado.
El proyecto implica detectar a los compradores de armas, a los distribuidores que proveen de arsenal a la delincuencia, de una mayor supervisión en su venta y del uso de tecnología de punta para rastrear el origen del armamento relacionado con actos delictivos.
Gunrunner emplea el sistema de rastreo electrónico (E-Trace) para las armas que son incautadas durante la comisión de delitos en México, para determinar su origen en Estados Unidos.
E-Trace consiste en un banco de datos que administra la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), que registra al primer comprador de un arma de fuego, la fecha de compra y el minorista que la vendió, información a la que sólo personal autorizado tiene acceso.
Según datos del Cenapi —del 1 de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2011—, el decomiso nacional reportado de armas cortas y largas fue de 125 mil 270 unidades, y 10 mil 541 granadas de fragmentación.
Mancera aseguró que una de las preocupaciones entre sus homólogos de todo el país, es el tráfico de armamento que llega a los grupos criminales.
E-trace ya se utilizaba, pero sólo tenía acceso la PGR, dijo. “Lo que tenemos que hacer las procuradurías con un arma decomisada, es comunicarnos con los enlaces en las delegaciones de PGR en los estados, éstos piden el dato a Cenapi, que lo devuelve a la delegación y ésta lo envía al solicitante”.
Al eliminar esta triple solicitud, explicó el funcionario capitalino, ahora todas las procuradurías contarán con un acceso a E-trace.
“Las ventajas operativas serían conocer dónde se están focalizando el problema. Si conocemos el origen de las armas, quienes son los que están traficando o, incluso, por zonas, con esto tendríamos un mapeo muy sensible sobre el lugar exacto de dónde provienen las armas decomisadas”.
—¿Este proyecto permitiría conocer si hay armas autorizadas en manos de los criminales? —“Esto lo permitiría, por eso es una fortaleza para las procuradurías”, dijo.
