La presidenta del Tribunal Superior de Justicia informó que en diciembre se preliberaron a 36 menores para que cumplieran con su readaptación social en el seno familiar.
Graciela Buchanan Ortega.
Monterrey, N.L.- El Consejo de la Judicatura de Nuevo León implementó la preliberación en menores infractores que incurrieron en delitos no graves.
Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, informó que en diciembre se preliberaron a 36 menores de edad para que cumplieran con su readaptación social en el seno familiar, y cuyos expedientes fueron previamente analizados.
La Magistrada consideró que es más sano para los menores que estén bajo el cuidado de sus padres en lugar de cumplir su medida correctiva en los tutelares mezclados con adolescentes que han cometido un secuestro o participado en la delincuencia organizada.
Adelantó que actualmente están revisando y analizando más casos de menores infractores que pudieran obtener su preliberación en el mes de mayo.
Descartó que liberación previa se deba a un sobre cupo en los tutelares de menores, sino a una medida para la readaptación de quienes fueron detenidos por cometer un delito del fuero común.
“Se debe de buscar no la privación de la libertad, esa no es la medida, sino verdaderamente que la medida que se le dé sea para su reinserción, su readaptación, para que vuelva el joven a estar en condiciones de convivir.
“Se tienen que hacer valoraciones psicológica, se tienen que hacer valoraciones de trabajo social, pero sobre todo lo que se busca es que esté en la mejor medida, qué es lo que tiene que ver el juzgador, dónde es el mejor modo de cumplir la condición o la condena que se le impuso”, dijo.
“A mí me tocó por iniciativa propia buscar la preliberación de 36 muchachos de centros de internamiento de adolescentes, porque hay jóvenes que no es lo mismo que se robó una coca o cerveza en un oxxo, que otros que participaron en destazar personas, en secuestrarlas, entonces al tenerlos juntos no se está cumpliendo con la medida”, agregó.
Buchanan Ortega, señaló que actualmente el S istema de Justicia para Adolescentes está colapsado por la gran delincuencia, “no porque no sea un buen sistema, porque es oral para dar mayor beneficio, no porque no haya instalaciones adecuadas.
Había instalaciones adecuadas pero en un año y medio se fueron al 400 por ciento los asuntos, no porque los jueces no sean capaces”.
Dijo que mientras no se tengan los espacios suficientes, no se podrá tener a todos los adolescentes en el centro de internamiento donde se encuentran también muchachos que cometieron un delito de secuestro o masacraron a personas.
Señaló que al incrementarse la violencia en la entidad, se incrementó el número de expedientes hasta en un 600 por ciento.
Piden a Presidente cumpla ordenamiento constitucional
El Congreso del estado exhortó al Presidente Felipe Calderón para que cumpla con el ordenamiento constitucional de implementar un Sistema de Justicia Federal para Adolescentes, a fin de resolver el problema de sobrepoblación en los centros de internamiento en Nuevo León y en el resto del país.
El diputado César Garza Villarreal, quien insistió en que el Gobierno Federal debe asumir su corresponsabilidad en la atención, procesamiento y reinserción de los menores infractores entre 12 años y menores de 18, máxime cuando éstos se involucran en faltas de alto impacto de carácter federal.
“Nosotros creemos que los problemas hay que enfrentarlos antes de que estallen, uno de esos problemas es la situación que tienen los centros de internamiento para menores infractores, el artículo 18 de la Constitución federal establece que la federación y el estado deben de tener sistemas de justicia para menores infractores existe un sistema estatal pero hay una omisión en lo que toca al sistema estatal, esta omisión ha sido suplida de manera temporal cargándole al ámbito estatal la impartición de justicia y el internamiento de menores que cometen conductas tipificadas como delitos federales, actualmente en el centro de internamiento de Escobedo reporta una sobre población de casi el 100 por ciento y el 80 por ciento de los internos corresponden a delitos del orden federal”, dijo.
