México.- El gobierno federal condenó todo acto de violencia que atenta contra la inseguridad en Coahuila, que atribuyó a un “contexto de debilidad institucional que puede verse reflejada en varios episodios conocidos en hechos recientes”.

En rueda de prensa, la vocera del gobierno federal, Alejandra Sota, informó que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se reunirá este jueves con el gobernador Rubén Moreira, a fin de abordar el tema de la seguridad pública en el estado y otros asuntos.

Luego de que el mandatario estatal solicitó la presencia de más fuerzas militares y federales para reforzar la seguridad, recordó que tras la investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se evidenciaron problemas de corrupción en los cuerpos de seguridad pública.

Planteó que esa situación “naturalmente incide en una capacidad mermada para frenar el crecimiento de las organizaciones criminales, especialmente donde tienen cooptadas a las autoridades de seguridad pública y de administración de justicia”.

Por eso el llamado a estados y municipios para “apurarnos en las evaluaciones de control de confianza, en depurar los cuerpos policiacos; sería muy difícil pensar que esta situación no tiene influencia en la situación que se vive en el estado”, insistió.

De tal suerte, añadió Sota Mirafuentes, que “hacemos el llamado a autoridades estatales y municipal para acelerar fortalecimiento de instituciones de procuración de justicia” a fin de evitar la protección a delincuentes.

En las próximas horas, en el marco de la firma del convenio de distribución de fondos federales de las entidades federativas 2012, Poiré Romero dialogará con el gobernador Moreira “y seguramente tratarán ese y otros temas de relevancia”.

Con la desarticulación de la red de protección a “los Zetas” fueron detenidos, entre otros, Claudia González López, encargada de la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” en Saltillo, de la Procuraduría General de la República (PGR).

En cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 15 de febrero pasado, la funcionaria fue puesta a disposición de un juez federal y actualmente enfrenta proceso penal, puntualizó.