El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que la resolución fue tomada responsablemente por los integrantes de la comisión.
México.- El pleno de la Asamblea Legislativa resolvió no ratificar en el cargo de magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal a Irma Leonor Larios Medina.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Julio César Moreno, señaló que la resolución fue tomada responsablemente por los integrantes de la comisión.
El diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) detalló que después de haber realizado una valoración del desempeño como magistrada de la licenciada Irma Leonor Larios Medina, determinaron que no cumple con los requisitos legales.
Moreno Rivera precisó que Larios Medina carece de la probidad y honorabilidad que señala el Artículo 116 fracción III de la Ley Suprema, así como de la buena reputación que exige el Artículo 4 inciso E de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) remarcó que en la ciudad de México los conflictos jurídicos deben ser solucionados con estricto apego a derecho.
La solución debe ser sin inclinarse por ninguna de las partes, a fin de mantener el orden social, lograr la confianza de los ciudadanos y evitar que cada persona quiera hacerse justicia de propia mano, añadió.
El dictamen aclaró que se verificó que Larios Medina cumpliera con los requisitos para ser magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley Orgánica de ese tribunal, vigente en 2006.
Esa precisión, dijo, porque Larios Medina el 18 de agosto de ese año concluyó su nombramiento como magistrada numeral.
Aseguró que Larios Medina no reunió el requisito de gozar de buena reputación, porque durante su desempeño como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del 18 de agosto de 2000 al 18 de agosto de 2006, se le acreditaron tres procesos administrativos.
Como consecuencia de uno de éstos, fue inhabilitada por un año; en otro por seis meses, y en uno más no fue sancionada.
Antes, el pleno rechazó una moción suspensiva presentada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlo Pizano, quien consideró que ni el Estatuto de Gobierno ni otra ley prevé que este órgano legislativo conozca de propuestas de no ratificación.
“Por lo que al no tener facultades para analizar propuestas de no ratificación, no puede conocer del asunto”, resaltó.