Por: Julio Faesler
Los candidatos, con excepción de Gabriel Quadri, están coincidiendo cada vez más en sus propuestas y promesas de acción. Desde luego, todos prometen un cambio. En lo económico, prometen aumentar el empleo, respaldar el mercado interno y crecer el PIB nacional a siquiera 5% o 6%. Todos prometen reformas pendientes. Se señalan como prioritarias la fiscal, la energética, la laboral y educativa, que ya fueron propuestas por el presidente Calderón. Asombra que los dos candidatos cuyos partidos impidieron en su momento la aprobación de las reformas más críticas y urgentes ahora ofrezcan destrabarlas si ganan las elecciones. En cuanto al combate al crimen organizado los candidatos aplauden el fortalecimiento de la Policía Federal creada por Calderón que ya cuenta con 36 mil elementos adiestrados. Su acción se reconoce como indispensable para proteger vida y patrimonio de los mexicanos. Los pretendientes a la silla presidencial proponen mejorar el prestigio y la influencia de México en el mundo, definiendo rumbos y participación en los asuntos internacionales y conquistar mercados y atraer inversiones. Apoyan la apertura y aplauden la globalización. Ven en el TLC oportunidades, pero prometen firmeza frente a EU en asuntos migratorios, que se detenga la marejada de armas que entra a nuestro país y que se ponga un freno a la corrupción que facilita la distribución interna de drogas. En el tema de la educación, los candidatos están a favor de la evaluación de los maestros y coinciden en la extensión de la jornada escolar. Prometen acotar al sindicato magisterial. El escenario de tantas coincidencias es resultado de un proceso de decantación de numerosos grupos ciudadanos altamente calificados que exigen a los candidatos pronunciarse sobre los problemas que tienen pasmado el avance del país principalmente por el impasse legislativo en que la partidocracia nos ha sumido. ¿Cómo identificar al mejor candidato? La respuesta está en la actuación pasada y actual del partido que lo respalda más que las promesas a futuro. Un indicador útil es el manejo de las finanzas públicas, que inevitablemente repercute en el bolsillo del ciudadano. Lo que va sabiéndose de la corrupción financiera que presentan muchos estados y municipios gobernados por el PRI y el PRD, tiene que alarmar a cualquier contribuyente cuidadoso de su propio patrimonio. Los casos de indisciplina en Coahuila, Veracruz, Michoacán o Tamaulipas cuyas deudas se incrementaron hasta con maniobras fraudulentas a la Federación la que tendrá que salir al paso de cualquiera notificación de insolvencia estatal. El rescate comprometerá al país y puede arrastrar a un desprestigio entre inversionistas internacionales. Las consecuencias de estos manejos no quedarán sólo en la abstracción de la cuenta pública. El peso de las deudas contraídas en los estados mencionados se traduce en cargas reales repartidas entre la ciudadanía que pagará más impuestos y recibirá menos servicios municipales y estatales. La deuda pública de Coahuila contraída por Moreira es más de 34 mil millones que a razón de 11 mil 600 pesos per cápita, tardará 20 o más años en ser cubierta por los coahuilenses, quebranto proporcionalmente mayor que el de Grecia o España. La deuda pública de Tamaulipas de 2005 a 2010 creció 58.4% anual. Veracruz aumentó a 22 mil millones de pesos y la gestión perredista en Michoacán aumentó su deuda entre 2002 a 2011 en 86 veces. Las similitudes entre las propuestas de los candidatos son una cosa. La diferencia está en los hechos. Ningún estado gobernado por el PAN se ha endeudado así.
