Por: Julio Faesler

Una vez más la Organización Mundial de Comercio y el G20 se pronuncian contra una ola proteccionista que sienten extenderse por todo el mundo, especialmente en los países emergentes cuyas vastas perspectivas de crecimiento habrá que mantener abiertas, desde luego para los productos más industrializados, y de esta manera frenar la recesión general que se agudiza. En esta insistencia de un irrestricto libre mercado se defienden los intereses del consumidor como prioridad superior. A él ha de ofrecerse la más amplia gama posible de artículos gracias a la importación libre de aranceles. No hay lugar para preferir al producto nacional. Dar trato igual al producto foráneo que al doméstico evitará, se nos dice, la molicie en el industrial nacional y hará internacionalmente competitiva a la economía. Asegurar al consumidor ese poder de opción según los defensores del mercado libre es, además, como la libertad del voto, base de la democracia: ambas libertades forman un solo paquete. La consecuencia de las tesis neoliberales que abrazamos en 1986 con nuestra entrada al GATT, fecha en que dejamos de preferir una agricultura y una industria propias, fue el severo retraso en la realización de nuestro potencial productor y por ende de nuestro desarrollo integral. A este cambio de rumbo habría que añadirse la distorsión de atender con absoluta prioridad los intereses del consumidor, relegándose a un segundo lugar su función como productor. Pero el interés del consumidor no es superior. Su poder de compra no proviene de él mismo, sino del ingreso que genera como productor que lo es también. Colocar el interés del consumidor como único árbitro de las políticas es la falacia del libre mercado llevado al extremo. Lo anterior, empero, contradice el principio de que los intercambios internacionales deben buscar el aprovechamiento cabal de los recursos disponibles de una comunidad. Un comercio exterior exitoso no desperdicia las riquezas naturales propias ni deja en el desempleo las capacidades y vocaciones productoras que laten dentro del recurso más importante de una comunidad y que es su población trabajadora, la económicamente activa. El resultado ha sido desestimar al comercio exterior como apoyo al productor. En efecto, una exportación sólida y dinámica toma de los productos cultivados y elaborados por la población nacional tanto para el mercado interno como para el externo. Estimular intencionadamente la importación, creyendo que con ello se promueve una sólida exportación y hasta los intereses del mercado doméstico, es acabar teniendo una producción industrial hueca, de ensambles de componentes e insumos importados, no una producción real con valor mayor al de mera maquila. Más grave aún es sustituir lo que podemos producir competitivamente con foráneo. ¡Resulta que sustituimos, no importaciones, sino empleos! El que las estadísticas de nuestra exportación registren aumentos espectaculares y que más de 50% de nuestro PIB esté vinculado al comercio exterior no oculta el que la importación de artículos intermedios que integrados a los productos son a su vez mucho más que la mitad de su valor. El precio de respetar el mandato de apertura hasta el grado de emprender la sistemática desgravación arancelaria en curso ha sido alto. Los índices de desocupación no cederán sólo con una mayor actividad ensambladora por mucho que estén en aumento las inversiones extranjeras en los rubros automotor o aeronáutico, que sólo generan más ventas de maquila. El país requiere con urgencia el usar su comercio exterior como apoyo a polos de desarrollo y las cadenas de producción que abastezcan las nuevas industrias. Requerimos aquí un viraje sustancial en nuestras estrategias y no continuar temiendo romper las reglas que tan pesadamente nos lastran.