Las multa contra el ex gobernador, actualmente detenido, asciende a 27 millones 973 mil 800 pesos.

LA PAZ, BCS.-La Contraloría del estado busca cobrar una multa de casi 56 millones pesos relacionada con la venta irregular de siete terrenos en un exclusivo fraccionamiento de Los Cabos, operaciones en las que estarían involucrados el ex gobernador Narciso Agúndez y al menos dos ex funcionarios más de su administración, que también enfrentan un proceso penal por los hechos.

La contralora del estado, Maritza Muñoz Vargas, manifestó que el daño patrimonial asciende a 27 millones 973 mil 800 pesos, como resultado de la venta de los terrenos a un precio menor a su valor en el mercado.

Las multa contra el ex gobernador, actualmente detenido, asciende a 27 millones 973 mil 800 pesos, monto igual que el daño patrimonial; contra Alfredo Porras Domínguez, ex secretario de Gobierno (también detenido) y Garibaldo Romero Aguilar, ex oficial mayor, asciende a 13 millones 986 mil pesos por cada uno, resultando un total de 55 millones 945 mil 800 pesos.

Garibaldo Romero Aguilar aún no ha sido detenido. En entrevista con EL UNIVERSAL, Maritza Muñoz Vargas informó que actualmente el proceso administrativo está próximo a la etapa de desahogo de pruebas ante la Sala de Juicio Administrativo, toda vez que los ex funcionarios —representados por los mismos abogados— interpusieron un recurso de nulidad por su inhabilitación.

Será el próximo 6 de junio cuando se realice la audiencia para ello, y descartó que la inhabilitación, en los tres casos, pueda ser anulada una vez agotado el proceso.

Dijo contar “con pruebas y argumento sólidos” integrados en el expediente con folio CGE/065/2011.

“Los hechos están probados con documentación que hacen referencia a las acciones de compra venta de los terrenos donde se especifica que el monto por el cual los vendieron fue menor a su valor en el mercado”.

Consideró que la resolución de la sala podría emitirse en 60 días y confió en que avalará la resolución de la Contraloría.

Una vez agotado este recurso, se dará vista al agente del Ministerio Público para que se integre al proceso por el delito de peculado, así como a la Función Pública para que boletine la inhabilitación.

Después se solicitará a la Secretaría de Hacienda la incautación de los bienes para el cobro de la multa.

Ante el proceso penal que enfrenta el ex gobernador del estado, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur solicitó el embargo precautorio de bienes para asegurar la reparación del daño.

La dependencia confirmó que fijó un monto de 72 millones 390 mil pesos para garantizar la reparación del daño hecho al erario público; sin embargo, indicó que el Juez segundo penal será quien establezca el monto total.