Los nicaragüenses que residen en Costa Rica constituyen alrededor del 75 por ciento de los extranjeros que viven en el país vecino.
Managua.- Organizaciones no gubernamentales (ONG) llamaron hoy al gobierno del presidente Daniel Ortega a realizar acciones para lograr la regularización migratoria de los nicaragüenses que residen en Costa Rica.
“Urgimos mayor responsabilidad” para aprovechar “la oportunidad para regularizar” la situación migratoria de miles de nicaragüenses en el país del sur, dijo en rueda de prensa el coordinador de la ONG Red de la Sociedad Civil para las Migraciones, Jorge Estrada.
Un compás de espera se ha abierto en la aplicación del reglamento de la Ley Migratoria en Costa Rica, que iniciará en octubre próximo, y “es la oportunidad para regularizar a todos los nicaragüenses”, expresó.
Los nicaragüenses que residen en Costa Rica constituyen alrededor del 75 por ciento de los extranjeros que viven en el país vecino.
Según Estrada, unos 300 mil nicaragüenses residen en forma permanente en Costa Rica, la mayoría en forma indocumentada, pero existe una población flotante de hasta unos 400 mil que viajan en dependencia de los períodos de recolección de las cosechas.
El dirigente de la ONG sugirió al gobierno de Managua la agilización de la entrega de documentos de identidad, su gratuidad y una campaña informativa para convocar a sus conciudadanos.
Consideró “urgente” abocarse a la regularización migratoria, debido a que un indocumentado en Costa Rica tiene dificultades para acceder a los servicios de salud y de educación y para recibir el salario mínimo marcado por la ley.
Estrada calificó el trámite para gestionar una cédula de identidad en el consulado de Nicaragua en San José como “engorroso” y costoso para las familias de escasos recursos económicos.
El pasaporte provisional “sólo sirve para un ingreso y se usa en una situación de emergencia”, por lo cual debería ser gratuito, opinó.
La subdirectora del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marling Sierra, dijo por su parte que “el Estado debe agilizar la tramitación de documentos y entregarlos de forma gratuita” para evitar violaciones a los derechos laborales de los migrantes.
Los jóvenes nicaragüenses indocumentados no pueden continuar sus estudios porque carecen de los certificados que emite el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, externó.
Sierra pidió la aprobación de una política gubernamental para la población en el exterior cuya prioridad sea la protección de sus derechos civiles y laborales.
