Tomás Yarrington Ruvalcaba.
MÉXICO, D.F.-Zonia Nereida de Pau García, una de las presuntas operadoras financieras de los ex gobernadores de Tamaulipas, se convirtió en testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) en esta investigación, por lo que la dependencia sólo consignó penalmente a los dos empresarios que estaban bajo arraigo, señalados como prestanombres de Tomás Yarrington Ruvalcaba y de Eugenio Hernández Flores.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ejerció acción penal por delincuencia organizada y “lavado” de dinero en contra de los empresarios tamaulipecos Napoleón Rodríguez de la Garza, quien ingresó el lunes al penal de máxima seguridad de Puente Grande Jalisco, y Eduardo Rodríguez Berlanga, “La Conga”, quien hasta la noche de este miércoles permanecía en el Centro Federal de Investigaciones (casa de arraigo) en espera de su traslado.
A partir de la averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/12/2009, el Ministerio Público de la Federación consideró que hay evidencias para determinar que los empresarios presuntamente forman parte de una red que ocultó el dinero que el cártel del Golfo-Zetas (antes de su escisión) pagó a los ex gobernadores en sobornos a cambio de protección, recursos que habrían servido para financiar sus campañas políticas, así como para adquirir bienes e inmuebles, abrir compañías o reinyectarles recursos, tanto en Estados Unidos como en territorio mexicano.
En el expediente aparecen las declaraciones de los testigos protegidos Ángeles, Óscar y El Pitufo, ex integrantes de la organización criminal que son piezas clave en esta indagatoria, de la que se derivó el congelamiento de cuentas bancarias de diversos implicados, incluyendo las de Yarrington y Hernández Flores, además de alrededor de 50 cateos en propiedades y empresas.
De Pau García, quien fue detenida en mayo pasado, presentó su solicitud formal ante la SIEDO para ser testigo protegido y revelar así la información sobre las actividades de su ex esposo Fernando Alejandro Cano Martínez, quien es acusado en Estados Unidos de “lavar” dinero producto de los sobornos que pagó el cártel del Golfo a políticos del estado de Tamaulipas, por lo que es considerado prófugo.
En 2008, la mujer —al presentar su demanda de divorcio en un juzgado de Tamaulipas y exigir 50% de los bienes— develó la lista de una decena de negocios y empresas de su ex cónyuge en Texas, así como la propiedad de 140 hectáreas en los condados de Bexar e isla South Padre, las cuales las autoridades texanas aseguran que son propiedad de Yarrington.
Esta ahora testigo protegido proporcionó a las autoridades nombres de los presuntos socios de Cano, entre ellos figuran los de los empresarios Farough Fatemi Corcuera (contra quien existe orden de presentación en la SIEDO) y Eduardo Rodríguez Berlanga.
Napoleón Rodríguez fue consignado como prestanombres de Yarrington, y en Estados Unidos aparece como propietario del condominio 401 que se ubica en el número 334 de Padre Boulevard, del Condado Cameron en la isla de South Padre, en Texas, que se adquirió por 450 mil dólares en 1998 con recursos del narcotráfico.
En el caso de Rodríguez Berlanga, se le acusa de haber ayudado a los ex gobernadores tamaulipecos a ocultar sus pagos del narcotráfico, mediante la adquisición de los ranchos La Providencia, El Mirador I y II, El Colmenares y La Ponderosa —ubicados todos ellos en Tamaulipas—; aunque el empresario ha rechazado las imputaciones y señaló ante el Ministerio Público que los compró a través de créditos con instituciones bancarias en sociedad con otros empresarios.
