debido a que el caso Amigos de Fox fue cerrado por determinación del Poder Judicial Federal.

México, D.F. La historia de un posible financiamiento ilícito a la campaña electoral de Vicente Fox Quesada, que comenzó a vislumbrarse en mayo de 2000, sólo podrá ser juzgada por la historia y ya no por los tribunales mexicanos, debido a que el caso Amigos de Fox fue cerrado por determinación del Poder Judicial Federal.

Eduardo Fernández García y Luis Felipe González Villarreal -ex funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acusados de abusar en sus funciones de servidores públicos y revelar la información bancaria con la que salió a la luz pública el escándalo del financiamiento irregular a la campaña presidencial foxista- fueron exonerados de cualquier responsabilidad penal en esos hechos tras ganar diversas batallas jurídicas en tribunales.

Después de tres años de litigios, luego del intento fallido de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2003, por llevarlos a prisión, dos tribunales federales de la ciudad de México determinaron cancelar el último proceso penal que enfrentaban los inculpados por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en su modalidad de sustraer ilícitamente información o documentación que este bajo su custodia.

Con la exoneración de ambos acusados quedó cerrado por completo el caso Amigos de Fox, que en ningún momento implicó el procesamiento penal de alguno de los promotores de esa agrupación (Lino Korrodi y Carlota Robinson), ni mucho menos del titular del Ejecutivo Federal.